​Expropiar el mercado negro de drogas

El Presidente del Senado de México propone expropiar el mercado negro de drogas

Fuente: Sputnik. www.elpais.cr

El presidente del Senado de México, Roberto Gil, ha propuesto expropiar una parte del mercado negro del crimen organizado que estima en 140.000 millones de dólares anuales, con un proyecto de ley para regular la cannabis al cual ha tenido acceso Sputnik Nóvosti.

La iniciativa de ley sostiene que ante el fracaso de la guerra contra las drogas encabezada por EEUU “reducir el tamaño del mercado negro de las drogas a través de una regulación que separe claramente los mercados en función del daño potencial de las sustancias, es un medio para expropiar una parte importante del negocio del crimen organizado”.

Solo el mercado de cannabis tiene un valor de 140.000 millones de dólares anuales, que hoy terminan en manos del crimen organizado; y el valor de las exportaciones mexicanas ilícitas de marihuana a EEUU, es de 40.000 millones de dólares anuales, dice la extensa propuesta de ley.

Se estima que el 40 por ciento de los ingresos netos de las bandas criminales, proviene del comercio de la marihuana, y esas inmensas utilidades sirven para “acrecentar su tamaño y su capacidad de daño a nuestras sociedades; son la renta por la que se disputan rutas y plazas y al mismo tiempo, con lo que financian su capacidad instalada” en hombres, armas, sobornos y protección gubernamental y policial ilegal para cometer otros delitos, sostiene Gil.

Por otro lado, “las interacciones en el mercado negro son oportunidades para la criminalización y la extorsión de los consumidores; pero también para persuadirlos de escalar hacia drogas más adictivas y más dañinas para la salud”, argumenta el proyecto de líder de la Cámara alta, elaborado por expertos, entre ellos académicos del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

CLANDESTINIDAD, PARAÍSO DEL CRIMEN

Gil plantea que “es absurdo que EEUU y Canadá se muevan hacia opciones regulatorias que implican la posibilidad de producción propia de marihuana y nuestros campesinos no tengan otras opciones más que someterse a las bandas del crimen organizado o la pobreza, los desplazamientos internos o la cárcel”.

Si en EEUU es lícito el consumo de la marihuana, “no hay razón para que aquí sea delito producirla”, afirma el senador.

Regular la marihuana significa una alternativa productiva para los campesinos mexicanos, quienes “hoy viven bajo la ley de la plata o el plomo que imponen los criminales”.

El mercado negro “facilita la disposición de drogas a los más jóvenes, porque en la clandestinidad no hay límite o restricción que valga”, sostiene la iniciativa, que ha avivado el debate sobre la propuesta que debe presentar México ante la próxima Asamblea de las Naciones Unidas sobre narcotráfico, del 19 al 21 de abril.

Gil intenta desenmascarar a quienes afirman que el consumo de las drogas ya está despenalizado en México y que el consumo de la marihuana ya es legal y, en consecuencia, nada debe cambiar.

La ley mexicana actual es ambigua: permite portar para consumir, pero para poder portar marihuana y, por tanto, para poder consumir, es necesario sumergirse en el mercado negro, el cultivo y comercio está penado, por lo tanto, es una trampa.

“No es delito en México consumir cannabis. ( …), pero no hemos sido capaces de crear una opción para que no se pague con la cárcel realizar cualquiera de las actividades necesarias para consumir”, denuncia Gil, jefe de la bancada de Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) con apoyo de algunos líderes de centroizquierda.

En México se ha creado un umbral de algunos gramos de posesión lícita para consumo personal, pero todas las actividades, desde la producción hasta el comercio pasando por el transporte y el suministro, son delitos penados con cárcel.

Por esta razón, entre 2006 y 2014, el 73 por ciento de las detenciones por delitos relacionados con las drogas a nivel federal se asociaron con posesión o consumo, sostiene el proyecto de ley.

En México, si una persona supera el umbral de gramos autorizados de portación para consumo, la ley presume fines de suministro, distribución o venta.

“Y si esa persona es detenida y juzgada pasará de 10 meses a seis años en prisión, según sea el caso; durante el juicio, esa persona estará en prisión preventiva por tratarse de delitos contra la salud ( …); y deberá enfrentarse a múltiples oportunidades de extorsión por parte de las autoridades”, explica el presidente del Senado.
El mercado negro se mantendrá intacto si no hay forma lícita, racional y controlada de abastecimiento, puntualiza el proyecto de Gil.