El mundo y las drogas

​La lección ha sido clara de tiempo atrás: como es un problema global, exige soluciones globales. Cualquier política bilateral y unilateral desembocará siempre en frustraciones internas y fracasos mundiales.

Fuente: Eduardo Posada Carbó. www.eltiempo.com

No es frecuente ver artículos de presidentes en ejercicio en la prensa internacional. El de Juan Manuel Santos publicado en el periódico inglés The Observer el domingo pasado llama por ello la inmediata atención. Pero la llama por su contenido y oportunidad: la necesidad de replantear la política mundial sobre drogas, discutida esta semana en la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (Ungass).

Al escribir estas líneas no se conoce aún la declaración adoptada en ese foro, la organización responsable del régimen internacional de las drogas, cuyas convenciones durante el siglo XX han sido ratificadas por el más amplio número de países en el mundo. Cambiar tales reglas requiere esfuerzos monumentales. Colombia ha estado al frente de tal iniciativa.

Santos ha reclamado, con razón, la “autoridad moral” que tiene Colombia para proponer cambios fundamentales en la orientación de las políticas sobre drogas. No es necesario hacer aquí el listado de sufrimientos nacionales en las últimas décadas, resumidos en reciente artículo de Semana (‘Drogas: la guerra que nadie ganó’).

Desde que se declaró la “guerra” contra las drogas, la política colombiana en la materia ha tenido algunos buenos éxitos. Han sido siempre relativos, y a unos costos enormes frente a los resultados. Y los avances en el país, como señaló el Presidente, se han traducido en retrocesos mundiales por los subsiguientes desarrollos en otros países.

La lección ha sido clara de tiempo atrás: como es un problema global, exige soluciones globales. Cualquier política bilateral y unilateral desembocará siempre en frustraciones internas y fracasos mundiales.

En el artículo para The Observer, Santos resumió muy bien las propuestas llevadas por Colombia, junto con otros países, al foro de Naciones Unidas. La primera, con eco en los titulares de prensa, es pedir que cese la pena de muerte en asuntos de consumo y tráfico de drogas. La pena de muerte no debería existir en ningún caso –se trate o no de drogas–. Pero importa argumentar específicamente contra pena tan bárbara en esta materia, que Santos enmarcó en el lenguaje de derechos humanos.

La pena de muerte, así sea aceptada por un número menor de países, simboliza de manera extrema la orientación represiva que ha dominado por décadas la política mundial hacia las drogas. Otra de las propuestas llevadas a Ungass es precisamente modificar la dirección de la política, hacia metas de “salud pública”. Es hacia allí donde, en la práctica, se han venido moviendo muchos países, incluido el nuestro.

Una tercera propuesta buscaría mayor “autonomía y flexibilidad” para el desarrollo de políticas nacionales dentro del actual marco regulatorio. Parecería, en principio, una contradicción. Es en verdad un enfoque pragmático, frente a la tarea descomunal de reformar los tratados existentes. Finalmente, el Presidente subrayó la necesidad de seguir combatiendo al crimen internacional organizado.

En el 2009, un grupo notable de políticos e intelectuales latinoamericanos expidió un documento en el que se sugería reconsiderar la política mundial sobre drogas. Su plataforma regional adquirió prontas dimensiones internacionales, con la incorporación de figuras de peso mundial en el debate. En el 2013, la Organización de Estados Americanos publicó un informe de “escenarios”, con replanteamientos de enorme significado, que hoy hacen parte central de la discusión.

“No es un llamado para legalizar las drogas”, precisó el presidente Santos en su artículo para The Observer. Es simplemente “reconocer” que entre la “guerra total” y la “legalización” hay una amplia gama de opciones que deben explorarse.