Sustitución voluntaria es el eje contra narcocultivos

“Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico”, dice el documento.

El Estado se compromete a privilegiar, en el caso puntual de los cultivadores de coca, programas efectivos de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo que les permitan a las comunidades más apartadas y pobres del país sobrevivir en la legalidad. Entre las estrategias que se plantean está la titulación de tierras a esos cultivadores. El acuerdo establece beneficios judiciales para los agricultores que en sus tierras hayan sembrado coca o marihuana.

Así, Gobierno y Farc acordaron “buscar nuevas opciones centradas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que harán parte de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito que tendrá una nueva institucionalidad”.

El Gobierno se comprometió a tramitar las reformas que sean necesarias para garantizar que ellos no sean perseguidos penalmente, es decir que se extinga la acción penal en su contra. Para lograr ese beneficio, el agricultor tendría dos años de plazo, contados a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, para manifestar formalmente a las autoridades competentes su decisión de renunciar a los cultivos ilegales.

El agricultor puede hacer esa manifestación de forma individual o en acuerdos de sustitución con las comunidades de las zonas en la que hay presencia de cultivos ilegales.

La guerrilla, por su parte, se compromete a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.

En el acuerdo sobre justicia está contemplado que las Farc realicen dos acciones que impacten directamente la lucha contra los cultivos ilegales, la mayoría de los cuales está en sus zonas de influencia en el país: así, los desmovilizados pueden cumplir pena o reparar en parte sus delitos ayudando, con información o sobre el terreno, en el desminado y también pueden participar en los programas de sustitución.

El primer punto es clave porque las minas de la guerrilla son, hace años, las principales enemigas de los grupos de erradicadores manuales, que hoy, tras el fin de la fumigación aérea, tienen el peso de la lucha contra los narcocultivos.

El cumplimiento del acuerdo sobre el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo implica la suspensión inmediata de cualquier nexo con el narcotráfico.

En el acuerdo se establece que el Gobierno promovería una conferencia internacional a instancias de Naciones Unidas para evaluar la lucha contra las drogas y los ajustes que se puedan establecer a esa política, así como la discusión sobre los compromisos y la responsabilidad entre los países productores y los consumidores a la hora de enfrentar el problema del narcotráfico. Esos debates los viene promoviendo Colombia hace más de tres años.

El Gobierno y las Farc acordaron la puesta en marcha de un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico que, en esencia, corresponde con el cambio de enfoque que ha venido planteando el presidente Juan Manuel Santos desde el 2010: concentrar la acción del Estado en golpear a los altos eslabones de la cadena y buscar soluciones alternativas para los cultivadores y los consumidores. En ese sentido se privilegia la sustitución voluntaria de cultivos ilegales y se implementa una fuerte política de desarrollo alternativo para sacar de la coca a más de 70.000 familias campesinas.

Al mismo tiempo se plantea intensificar la lucha contra los narcos y sus redes de lavado de activos, y sus círculos de corrupción que los protegen. Las Farc se comprometen a romper cualquier vínculo con esa actividad ilegal, empezando con la participación activa en los programas de desminado –las minas son una de las grandes amenazas a la erradicación manual de coca– y en los programas de sustitución voluntaria de narcocultivos.

La lucha contra el narcotráfico tiene un énfasis especial en la persecución de las organizaciones criminales. Se plantean reformas a la política criminal del país para desmantelar las organizaciones desde las redes que consiguen los insumos químicos hasta los lavadores de la plata ilegal.

El acuerdo establece la creación de grupos de trabajo interinstitucional para identificar el crimen organizado en cada región y el riesgo de aparición de nuevas organizaciones ilegales, y aumentar la cooperación internacional para ubicar, redes, rutas y nexos de esas organizaciones en otros países.

Habría una comisión de expertos que daría recomendaciones para combatir las finanzas de los grupos ilegales. Igualmente se propone el fortalecimiento de las acciones de extinción de dominio para quitarles las fortunas a los narcos. El acuerdo dice que “la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas requiere intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos, lo que también contribuirá a la creación de las condiciones necesarias para la implementación del Acuerdo en los territorios y a la construcción de la paz estable y duradera”.

Los consumidores no serían judicializados –eso ya está pasando en el país– y se activarían planes para hacer más eficiente su tratamiento y rehabilitación. Se plantean medidas para mitigar los riesgos y daños para el consumidor y su familia.

En el acuerdo se habla de establecer una política de género que permita detectar y enfrentar la relación del consumo con la violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

Esta política tiene un capítulo especial de atención priorizada para población vulnerable, como habitantes de calle, mujeres y población carcelaria.

Los entes territoriales tendrían participación en el diseño de la política con el fin de identificar la problemática regional, las tendencias y las nuevas dinámicas del consumo de drogas. Se establece la creación del Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas, un nuevo organismo cuya misión es definir las reformas para enfrentar el flagelo del consumo.

Los campesinos que abandonen los cultivos ilegales recibirían asistencia alimentaria inmediata, que consiste en la entrega de mercados o bonos hasta por un año, de acuerdo con el número de personas que conformen el núcleo familiar. Esos recursos se entregarían para garantizar la sostenibilidad de los agricultores durante la transición entre los cultivos legales a los ilegales. Se crearían huertas caseras, se entregarían animales y habría acompañamiento técnico con insumos y alimento. También recibirían beneficios en plata o bonos los recolectores que vivan en las zonas de cultivos ilegales.

Esos planes comienzan en las zonas priorizadas por factores como la gran cantidad de cultivos ilegales sembrados y la existencia de esos cultivos en parques o reservas naturales. En las regiones más afectadas se da prelación a obras de infraestructura social de ejecución rápida: vías, escuelas y centros de salud. El acuerdo señala que se debe reconocer como parte de la identidad cultural de comunidades indígenas el uso de la hoja de coca. También se estudiaría la posibilidad de darle usos con fines médicos y científicos lícitos, como ya ocurre con la marihuana.