‘Se han hecho barbaridades en la lucha contra las drogas’
Habla el hombre que legalizó la producción y distribución del cannabis en Uruguay
Fuente: Valentina Obando Jaramillo. www.eltiempo.com
Milton Romani Gerne es una de las personas en Latinoamérica que más ha contribuido desde el ámbito gubernamental a abordar políticas sobre drogas desde una perspectiva de derechos humanos, pues está convencido de que “la lucha contra las drogas es una guerra contra las personas”. Además, cree que “cuando atacamos la violencia incrementamos la violencia. Vivimos en una región muy injusta, tenemos los índices de mayor violencia porque los niveles de pobreza y la desigualdad se han incrementado mucho más que el crecimiento y el desarrollo”.
En su país, Uruguay, lideró el proceso de regulación de la producción y consumo de cannabis, un proyecto que fue aprobado en el 2013 y puesto en funcionamiento un año después. El exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay hoy sigue siendo representante permanente de ese país ante la Organización de Estados Americanos.
¿Qué permitió que Uruguay diera el paso para regular el uso del cannabis?
Ese proyecto fue el fruto de varias cosas, una de ellas es que hizo parte de una política integral, y digo esto porque ahora Uruguay es conocido por esto de la marihuana, pero eso ha sido posible porque teníamos una política de regulación.
Ya habíamos atravesado por una regulación del sistema financiero. Uruguay fue durante muchos años, desgraciadamente, un lugar donde había facilidad y flexibilidad bancaria para el lavado de dinero que permitía la acción libre de las sociedades ‘offshore’, lo que hoy se conoció por los Panama Papers; bueno, en Uruguay era bastante frecuente. Teníamos déficit en materia del sistema de atención en salud, y eso lo fuimos remontando. Tuvimos otro desafío que fue la regulación del mercado de tabaco.
Entonces, en el caso del cannabis surgió como una preocupación y una estrategia de convivencia y seguridad ciudadana, por el cual se consideró que el crear un espacio de consumo seguro del cannabis era una forma muy inteligente de secuestrar un mercado que tenía y que de alguna manera todavía disputa el narcotráfico. En Uruguay es una de las sustancias ilícitas más consumidas y que para los contrabandistas es de cierto valor, y además porque teníamos el antecedente de que desde el año 74 la tenencia de una dosis para uso personal no está penalizada.
¿En qué consiste esa regulación?
El parlamento y la ciudadanía debatieron y se sancionó una ley que legaliza en forma regulada, con ciertas condiciones, la producción, la distribución y el consumo del cannabis. Se establecieron tres vías de desarrollo. Una para autocultivadores, hasta seis plantas por hogar; la creación de clubes cannábicos y la distribución en farmacias.
¿Cómo va la implementación?
La tercera modalidad es la que más ha demorado, la dispensión de cannabis en las farmacias del país. Esto ha encontrado diversas dificultades. El tema es que como es un nuevo sistema de fiscalización de drogas y es único en el mundo, implica tomar ciertas medidas en cuanto al otorgamiento de licencias de quien la produce, saber cuál es el origen de los capitales que se están invirtiendo, crear todo un sistema informático en el cual el usuario se registra en las oficinas de correo, y así cuando va a retirar los 10 gramos semanales que le corresponden según la ley, no más de 40 mensuales; lo único que tiene que hacer es poner la huella digital.
¿Cuándo va a estar lista la distribución en farmacias?
Ya se está llamando a registro y dentro de poco se empieza a vender allí, y si no alcanza en las farmacias se recurrirá a otro mecanismo, pero por ahora se irá a las farmacias reguladas.
Hay muchas críticas sobre el control para los consumidores, que están obligados a inscribirse en un registro estatal…
El registro cumple la ley de ‘habeas data’, por lo que los datos de cultivadores y miembros de clubes son totalmente reservados y solamente puede levantarse por la orden de un juez competente. Hemos ido avanzando en las dos primeras vías y ya tenemos un registro de 5.600 usuarios en esas modalidades.
Tampoco es una de las cosas que haya causado mayores resistencias. Los usuarios de drogas, al igual que los defensores de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia y la sociedad cannábica han visto que el procedimiento del Gobierno respeta el uso ni las garantías de los usuarios.
Entonces ¿cuáles han sido las mayores resistencias del proyecto?
En realidad, las resistencias han venido por las personas que siguen teniendo un tabú con el tema de drogas. Esta innovación pretende ser una experiencia que supere el enfoque de guerra porque el tema central es que, en general, las drogas están reguladas, pero ¿quiénes las regulan? El narcotráfico y las agencias de seguridad. Pero el prohibicionismo ha creado mentalidades, en muchos académicos incluso, que se resisten y ponen obstáculos a este modelo.
Yo diría que es una resistencia cultural, que es un desafío para toda Latinoamérica porque aun en la modalidad medicinal hemos tenido resistencia, aun en la producción de cáñamo industrial hemos tenido resistencia.
A la fuerza de las mentes rígidas y de la gente que no admite otra posibilidad que no sea el prohibicionismo hay que preguntarles si están de acuerdo que esto quede en manos del narcotráfico.
Pero ¿ha habido una reducción del narcotráfico?
Todavía no se puede evaluar. En primer lugar, esta tercera pata que es la distribución en farmacias es la que tendrá el mayor número de usuarios, entonces ahora lo que podemos afirmar es que hay 5.606 uruguayos que ya no concurren al mercado ilícito para conseguir cannabis, y eso de por sí es un avance muy grande, pero no podemos todavía medir el impacto del mercado regulado con el narcotráfico.
¿Y el panorama en general del fenómeno de drogas en Uruguay cómo está?
En Uruguay como en todo América Latina, el mayor problema no está con las drogas ilícitas, el problema principal de salud pública lo tienen en primer lugar con el alcohol, el segundo es el tabaco, que, según a la OMS, corresponde al 4,1 por ciento de morbilidad sobre el conjunto de enfermedades que aquejan a la humanidad, comparado con el 1,8 que corresponde a las llamadas drogas ilícitas.
Los psicofármacos están en el siguiente lugar. Luego tenemos problemas con drogas que no son de gran consumo pero sí de gran impacto, como son las cocaínas fumables.
Las políticas públicas en Latinoamérica siguen siendo muy dispares, ¿por qué?
Uruguay se ha caracterizado a nivel internacional por inclinar a la comisión de estupefacientes a la necesidad de una debida integración de los instrumentos de derechos humanos en las políticas de fiscalización de drogas. En el mundo se han hecho barbaridades en nombre de la lucha contra las drogas, se han violado sistemáticamente derechos inalienables, derecho a un proceso justo, el derecho a la salud.
Existen tradiciones culturales, religiosas… los hermanos de Bolivia han tenido que luchar e irse de la convención para reclamar algo que parece insólito, que es el derecho al acullico (masticar la hoja de coca), y sin embargo la constitución del 61 los obligaba a penalizar eso. Solamente para mostrar algunas de las dificultades.
De todas maneras, yo creo que todas las drogas pueden ser un remedio y un veneno. Los opiáceos pueden ser un remedio y un veneno. Son muy buenos para la gente que sufre dolor, y este sistema prohibicionista ha impedido que el 75 por ciento de la población no tenga acceso adecuado a los opiáceos.
¿Cree que otros países van a dar pronto el paso de regular el cannabis como lo hizo Uruguay?
En el caso del cannabis, ya hay países que lo están adoptando de forma medicinal; hay cuatro estados en Estados Unidos y el distrito de Columbia. Canadá va a regular el mercado de cannabis el año que viene. Jamaica lo ha hecho para usos medicinales y religiosos, y creo que este camino de regulación va a avanzar inexorablemente.
California votará el año que viene un nuevo plebiscito, y la marihuana va a ser legal en California, que está en la frontera con México; por lo tanto, México va a tener que llevar un excedente de la producción de marihuana para allá.
A los mercados hay que regularlos, y más estos; si dejamos esos mercados en manos del narcotráfico, “mala ‘fariña’ ”, mala cosa.
Ungass, un nuevo enfoque
“Abogamos por la abolición de enfoques orientados a la sanción, impulsando, por lo contrario, acciones arraigadas en el derecho a la salud y los derechos humanos”. Con estas palabras, Aldo Lale-Demoz, director ejecutivo adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, abrió el pasado 5 de octubre la VI Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Caribeña, en Santo Domingo (República Dominicana), sobre Política de Drogas, que fue, para muchos expertos en el tema, la oportunidad de darles continuidad a los propósitos que resultaron de Ungass (reunión extraordinaria de Naciones Unidas) en abril pasado.
Y es que de la reunión, que fue convocada por Colombia, Guatemala y México, salió un consenso que dio un paso hacia una comprensión de la lucha contra las drogas basada en los derechos humanos, la salud, el enfoque de género, las vulnerabilidades y derechos de los niños y el desarrollo integral y dejó atrás el propósito de eliminar las drogas de las faz de la Tierra, como estuvo priorizado por más de 40 años.
Así pues, líderes mundiales que participaron en Ungass, en Nueva York hace unos meses, estuvieron también en Santo Domingo impulsando el debate para que en la próxima reunión, que será en el 2019, puedan evaluarse resultados del nuevo enfoque. LaleDemoz resaltó que cada vez más los países están reconociendo la importancia de brindar tratamientos médicos a consumidores de drogas que buscan ayuda, y en esa misma sintonía indicó que Naciones Unidas aboga por eliminar los obstáculos y la perspectiva sancionatoria con la que se ha tratado a los consumidores.
La justicia fue así mismo uno de los temas protagonistas de la conferencia. La conclusión es que la penalización de los delitos relacionados con drogas debe recaer sobre las organizaciones criminales trasnacionales, es decir, sobre los eslabones más altos de la cadena de tráfico de drogas y lavado de activos, y no sobre quienes cometen infracciones menores, como los cultivadores o las mulas.
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