CRECE LA VIOLENCIA DE HIJOS A PADRES
Fuente: www.farodevigo.es. J. Fraiz.
Crece la violencia de hijos a padres
y, de forma «desproporcionada», la
incautación de drogas a menores
La Fiscalía echa en falta «la existencia en el ámbito sanitario de un recurso psiquiátrico
dedicado específicamente a menores y jóvenes».
Los delitos que se cometen entre los 14 y la
mayoría de edad -antes de cumplirla- son
instruidos por la Fiscalía de Menores, la instancia
que protege los intereses de niños y jóvenes y
depura las responsabilidades de sus actos ilegales,
con un afán de reeducación. La memoria de
actividad del ministerio público en Ourense, que
recoge los datos del año 2019, el último ejercicio
completo, constata un descenso del 2% en la tasa
de criminalidad de los menores -de 351 hechos en
2018 a 345, -, aunque el análisis al detalle indica el
aumento de determinados fenómenos. Se ha
producido, por ejemplo, «un leve repunte de las
infracciones leves», que han pasado de 77 a 91 (30
contra el patrimonio y 61 contra las personas). El incremento interanual se debe, sobre todo, a que
suben «las infracciones penales de mera bagatela y escasa trascendencia».
Además del fiscal José Manuel Ucha, coordinador de la especialidad de Menores en toda Galicia y
responsable del área en Ourense desde hace años, también trabaja en este departamento la fiscal
Carmen Eiró, que a mayores es la delegada en la provincia contra los delitos medioambientales y
urbanísticos. Los fiscales apuntan, en primer lugar, que es necesario modificar el sistema de base de
datos Minerva, «a fin de que permita el registro de todos los delitos cometidos por el menor o menores.
De esta manera sí obtendríamos los datos ciertos de la realidad criminológica juvenil en la provincia».
Cada mes, las fuerzas de seguridad detienen a entre 4 y 7 menores de edad.
Los delitos de lesiones cayeron en el último año completo, con 65 casos frente a los 70 de 2018. «La
mayoría de las agresiones entre jóvenes se producen en lugares de ocio y en los recintos escolares, y
pueden considerarse como agresiones menos graves», indica el ministerio público en su informe. En
cuanto a los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad, en 2019 se registraron en
Ourense 3 agresiones sexuales (una más que en 2019) y 9 abusos.
Hay pocos casos conocidos en Ourense de violencia de género cometida por menores de edad. En
2019 se registraron 5 hechos y, un año antes, fueron 3. La Fiscalía opta por las medidas de libertad
vigilada, con alejamiento y la sumisión a programas específicos de prevención del machismo y el
maltrato.
La convivencia «imposible»
«Mayor problemática presentan los delitos de violencia doméstica intrafamiliar ejercida por los menores
sobre sus padres y hermanos», subraya el ministerio público sobre una realidad que ya ha hecho
patente en años anteriores. En 2019, se contabilizaron 28 hechos de esta clase y en 2018, un total de
24. La violencia filoparental crece en Ourense, un tipo de delito con una problemática común, según
describe el ministerio público. La denuncia formulada por los padres «es el último recurso ante una
situación familiar límite y la convivencia imposible».
La Fiscalía Provincial llama la atención de que en muchos de estos casos no hay «un previo trabajo por
parte de los servicios de atención primaria y de las instituciones administrativas educativas, y de
protección de menores». También recuerdan que en ocasiones los padres terminan por quitar
relevancia a los hechos denunciados, «justifican el comportamiento de su hijo o se acogen a su derecho
a no declarar», lo que da lugar a sentencias absolutorias.
En los supuestos más graves de violencia filoparental, la Fiscalía de Menores solicita el internamiento
terapéutico. En los demás, se impone la medida cautelar de libertad vigilada, más la realización de
programas específicos de tratamiento psicológico o terapia familiar. La medida de convivencia con un
grupo educativo, «cuya eficacia está demostrada en otras provincias, no tiene operatividad en Ourense,
ya que dicho recurso no está dotado por la entidad pública de reforma», subraya el ministerio público.
«Muchos de los casos de violencia familiar podrían tener respuesta en el ámbito de la prevención y la
protección».
En la memoria, la Fiscalía Provincial de Menores echa en falta «dentro de la comunidad autónoma
gallega, la existencia en el ámbito sanitario de un recurso psiquiátrico destinado específicamente a
meneos y jóvenes, que no pueden calificarse como maltratadores familiares, y que en muchos casos
padecen graves trastornos psiquiátricos que justifican un tratamiento específico en un centro de
naturaleza psiquiátrica distinto del destinado a los mayores de edad», inciden.
Montealegre, destinado a adolescentes que tienen graves trastornos de conducta, «no es tampoco el
adecuado para proteger a estos menores que padecen graves trastornos psiquiátricos, los cuales
deberían tener respuesta en el ámbito sanitario público». La solución, añaden los fiscales
especializados de Ourense, «no es la reforma y mucho menos el centro de reforma terapéutico de
Montefiz».
Más consumo de sustancias
El año pasado se registraron 22 delitos de daños, cinco menos que en 2018. En cuanto al tráfico de
drogas cometido por menores, se detectaron 11 hechos, uno más que en 2018. Los expedientes de
reforma abiertos por el ministerio fiscal por delitos contra la salud pública «se han referido a sustancias
que no causan grave daño a la salud, hachís y marihuana, y en cantidades poco relevantes». La Fiscalía
destaca que «se ha producido un aumento desproporcionado de las actas de intervención policial de
sustancias estupefacientes a menores, marihuana y hachís, debido al aumento de consumo de
sustancias entre la población juvenil ourensana». Estas intervenciones reciben sanción en el ámbito
administrativo, pero además el ministerio público abre un expediente de protección a los jóvenes
consumidores, para que se valore por los servicios sociales si existe alguna situación de riesgo que
justifique una intervención.
El año pasado no se detectó en la provincia ninguna conducción ilegal por parte de menores bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, al igual que en años anteriores. En cambio hubo 9 delitos por circular
sin permiso (fueron 10 en 2018). Los expedientes tramitados por la Fiscalía por este tipo de infracción
penal se resuelven por la vía extrajudicial con la realización de cursos de seguridad vial por el menor.
La criminalidad juvenil cae en todos los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Han
bajado en la provincia los robos con fuerza en las cosas (21 hechos el año pasado, 24 en 2018), los
robos con violencia e intimidación (9 el año pasado, uno menos que en el ejercicio anterior), así como
los delitos de hurto, con 47 hechos registrados a lo largo del año pasado frente a los 56 cometidos por
adolescentes en 2018. Sin embargo, «en los delitos patrimoniales se evidencia un ligero ascenso de las
cifras de la actividad delictiva, principalmente en los delitos patrimoniales de bagatela y escasa cuantía,
que tiene su reflejo estadístico en los delitos leves», indica la Fiscalía en su balance anual.
No hay bandas organizadas
La realidad ourensana de la criminalidad juvenil no ha tenido cabida en los últimos años para delitos en
los que los jóvenes estuviesen integrados en bandas organizadas. Tampoco se han evidenciado «brotes
específicos de delincuencia y conductas antisociales que merezcan un especial análisis», según la
Fiscalía Provincial. Durante el año 2019, el que analiza la última memoria presentada por el ministerio
público, se registraron un total de 20 delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave. Esta
infracción penal también ha caído, puesto que en 2018 hubo 25.
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