En España no existe una clasificación profesional de las personas que se dedican a la prevención de adicciones, ni siquiera unos perfiles consensuados, tampoco una delimitación de competencias.

De una manera puramente pragmática, podemos distinguir tres sencillas categorías para clasificar a los profesionales que se dedican a la prevención de adicciones en nuestro país: 1ª) Investigación/docencia/estudios, 2ª) planificación/programación/gestión y 3ª) Intervención.

Existen muchos otros profesionales que hacen prevención en el día a día de su trabajo o en algún programa específico de atención primaria, de la enseñanza o de los servicios sociales, pero en este artículo nos vamos a referir a los que se dedican a la prevención de adicciones como función principal.

En la primera categoría se encuentran todas aquellas personas que trabajan en el estudio y la investigación de las adicciones. Generalmente forman parte de departamentos universitarios, observatorios o unidades hospitalarias ligadas a la investigación. No son muchos los profesionales y equipos de investigación que se dedican con exclusividad a la prevención, pero hay algunos que lo hacen con cierta asiduidad. Estos profesionales también pueden realizar labores docentes ligadas a asignaturas generales o específicas relacionadas con las adicciones y su prevención.

En la segunda categoría entrarían todas aquellas personas que se encuentran en puestos de planificación, programación y/o gestión de la prevención en los ámbitos municipal, comarcal, provincial, de comunidad autónoma o de nivel estatal. En su mayoría trabajan para la administración, pero no solo.

La tercera categoría está compuesta por todas aquellas personas que se dedican profesionalmente a la intervención, ejecutando los programas o haciendo que se ejecuten en sus respectivos ámbitos de competencias.

Puede considerarse como la categoría que acoge a los profesionales de primera línea responsables de la implementación de los programas o de la prevención comunitaria, si el término no hubiera experimentado el tremendo desgaste que ha sufrido en los últimos años. A falta de un nombre consensuado denominamos a sus profesionales como técnicas y técnicos de prevención local de adicciones.

Dentro de este colectivo existe una gran diversidad de titulaciones, dedicación profesional, formación especializada, situación laboral, ámbito de competencias, etc., que probablemente justificaría la existencia de subcategorías. Las personas que pertenecen a ella suelen estar contratadas por los ayuntamientos, pero también pueden estarlo por entidades locales, ONG, servicios territoriales de atención a las adicciones o de promoción de la salud.

Conviene no olvidar que sin ellas no habría programas de prevención; podría haber  estudios e investigación, porque ya han demostrado que pueden subsistir sin estar ligados a la práctica de los programas, pero la categoría número dos carecería de sentido, ya que no habría nada que planificar, programar, coordinar, ni gestionar, salvo los estudios y la investigación…

Los profesionales de las ONG de prevención se agrupan en las mismas tres categorías mencionadas, pero el caso de la investigación merece una mención aparte, ya que las ONG especializadas en prevención como la FAD, FSyC, PDS, Atenea, CEPS, etc. son las responsables de buena parte de la investigación aplicada, la innovación y la transferencia de conocimientos validados científicamente al campo de la práctica.

Es difícil de calcular el número de profesionales que se incluyen dentro de cada una de estas categorías, pero parece evidente que la tercera es la más numerosa con gran diferencia respecto de las otras dos, sin embargo permanece en silencio (salvo en foros como lasdrogas.info), mientras que las otras dos sí consiguen hacen oír su voz en el sector.

El tema que articula el discurso de las categorías uno y dos es el de “la evidencia científica”, mientras que el de los técnicos y las técnicas locales temo que sea el de “la precariedad” de medios derivados de la falta de regulación y de financiación del sector. Esta precariedad, que en determinados casos se convierte en amenaza de extinción, se manifiesta en problemas de muy diversa índole, pero sobre todo en la falta de criterios para la profesionalización, la formación, la titulación, la remuneración, la distribución territorial de los recursos (ratio), la referencia a un mismo sistema de pertenencia, etc.

Es como si en un país donde no se hubiera desarrollado el sistema de atención primaria o la escolarización universal, (la España de los 60, por ejemplo), se dijera que el problema reside en la falta de evaluación de los programas y actuaciones de los profesionales, culpabilizándolos por hacer lo que pueden con los medios de que disponen.

Hay mucho por hacer en prevención en España, pero podríamos empezar por lo más básico; saber quiénes somos, cuántos somos, a qué nos dedicamos, cómo nos distribuimos, etc.

Se nos ocurren formas de llevar a cabo la tarea sin que tenga que ser muy costosa, pero es necesario que alguien la impulse, ya sea la FEMP, el PNSD o una entidad que agrupe a los técnicos y las técnicas tal como una red o una asociación de profesionales.