Regulación del cannabis

Fuente: lasdrogas.info. Constanza Sánchez Avilés.

Regulación del cannabis: Lo que nos dejó el otoño de 2021 y qué esperar para el 2022

Durante el otoño de 2021 experimentamos en España la que, posiblemente, haya sido la mayor presencia en el debate público del cannabis y de su regulación. Nunca se había hablado tanto de este asunto en el espacio público, ni de una forma tan comprehensiva. Me refiero a que, desde los discursos en el Congreso de los Diputados hasta los encabezados de los medios de comunicación, no se daba cuenta simplemente de tasas de prevalencia, número de detenciones o plantas incautadas (que también) sino que se mostraba un abanico de cuestiones muy amplias que han de ser contempladas a la hora de explicar, y comprender, un fenómeno social tan amplio como es el del cannabis y su regulación: ¿Regulamos únicamente el cannabis medicinal, o también el uso adulto recreativo? ¿Qué impacto económico puede tener, que ingresos generará al Estado y qué tipo de impuesto podrían aplicarse? ¿Cuáles serían las vías preferentes de acceso al cannabis para las personas que deseen utilizarlo, y qué pasaría con el mercado negro? ¿Cómo podemos implementar un modelo de regulación que fomente la participación, y la reparación, de los colectivos más afectados por las políticas prohibicionistas?… Ahora bien, a dónde nos ha de llevar esta mayor presencia en el debate público (que, por otro lado, no ha durado mucho tiempo), todavía está por ver.

Dicha eclosión de la discusión pública sobre cannabis no ha sucedido únicamente en España. Otros países europeos también han abierto el debate y algunos, incluso, han dado pasos importantes hacia la regulación. En Alemania, el nuevo gobierno surgido de las elecciones de septiembre de 2021 ha incluido en el acuerdo de coalición -entre socialistas, verdes y liberales- la legalización de la venta de cannabis con fines recreativos^[1]. El plan, todavía por desarrollar, incluye el suministro controlado, en tiendas autorizadas, y una serie de controles de calidad. Muy interesante, además, la inclusión de un plan de evaluación pasados cuatro años, de manera que se pueda realizar un diagnóstico de cuál sería el impacto social de la medida, introduciendo los ajustes oportunos. Las dimensiones de Alemania, primera economía de la Unión Europea y con más de ochenta millones de habitantes, revisten de una trascendencia enorme a este plan, que podría incubar el nacimiento del mercado legal más grande de Europa.

También países con una escala más modesta, como Luxemburgo y, especialmente, Malta, han realizado movimientos interesantes en el ámbito del cannabis^[2]. En el caso de Luxemburgo, el gobierno se ha limitado a anunciar un paquete de medidas en el que ha incluido un sistema de oferta controlada mediante la venta legal a los residentes y el cultivo de hasta cuatro plantas por unidad habitacional. El uso de cannabis en el espacio público seguiría estando prohibido. Se espera que esta iniciativa sea estudiada por la Cámara de Diputados luxemburguesa en los primeros meses de este año^[3].

Pero sin duda el paso más decisivo (y, en mi opinión, el más interesante) hacia la regulación del cannabis en 2021 lo ha dado Malta. El pasado 14 de diciembre, el Parlamento de la isla aprobó la “Ley para establecer la Autoridad sobre el uso responsable del cannabis y para reformar diversas leyes sobre ciertas actividades relacionadas con el cannabis”. Dicha ley contempla un sistema de descriminalización de la posesión y del uso personal del cannabis, permitiendo la posesión de hasta 7 gramos en la vía pública (aunque no el uso, que queda restringido al ámbito privado), el cultivo de hasta cuatro plantas de cannabis por domicilio y el establecimiento de clubes de cannabis sin ánimo de lucro, que podrán tener hasta 500 personas asociadas, las cuales podrán retirar hasta 7 gramos al día y un total de 50 gramos al mes^[4]. De momento, no se contempla una vía de acceso comercial al cannabis. Más bien, la intención del gobierno ha sido despegar un modelo eminentemente social y sin ánimo de lucro, con una participación activa de la sociedad civil maltesa^[5]. La iniciativa está perfilando ideas tan interesantes como crear una junta de quejas, donde las personas especialmente afectadas por la criminalización puedan exponer su situación y encontrar caminos de reparación.

Una idea que, personalmente, me fascina. La regulación del cannabis es mucho más que “aflorar” o “reglamentar” un mercado. Es una oportunidad para construir una sociedad más justa, democrática y transparente, donde se cuide más y se castigue menos. Puede que esta conexión no resulte automática, pero no es difícil de identificar si consideramos que la prohibición de las drogas ha sido una herramienta muy poderosas de control y castigo de los sectores más vulnerables de la población. Si la prohibición ha sido opaca, impuesta y sancionadora, la regulación ha de ser transparente, participada y restaurativa. Esa sí que sería una auténtica revolución verde.

Volvamos a España. Aquí el otoño de 2021 también fue activo en lo que a discusión parlamentaria sobre el cannabis se refiere. En octubre se constituyó la denominada “Subcomisión al objeto de analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal”, aunque de momento no ha iniciado su actividad y es posible que sus resultados tengan un impacto limitado en la práctica^[6]. Unas semanas antes, además, se habían registrado tres proposiciones de ley de regulación integral del cannabis por parte de tres partidos: Esquerra Republicana de Catalunya, Más País y Unidas Podemos. La proposición de Más País fue sometida a la denominada “Toma en consideración” en el Pleno del Congreso, sin obtener el respaldo suficiente de la Cámara debido a los votos en contra del Partido Popular, Vox y del PSOE -este último, fuertemente criticado desde varios ámbitos políticos y sociales por su reiterado bloqueo a cualquier iniciativa de debate o reforma de las políticas de drogas^[7].

La proposición que tiene más posibilidades (aunque limitadas) de tener un trámite exitoso es la de Unidas Podemos. También es la más ambiciosa por el alcance del modelo regulador que propone, y no ha estado exenta de críticas tanto por parte de quienes se oponen a cualquier tipo de regulación, como por parte de quienes aspiran a una regulación que introduzca más elementos de justicia social en su diseño regulador. A finales de noviembre, esta proposición fue presentada y discutida en el Foro “Regulación del Cannabis” celebrado en el Congreso de los Diputados y organizado por el Grupo Confederal de Unidas Podemos. Participaron muchas personas vinculadas de una u otra forma con el cannabis, ya sea como especialistas e investigadoras, como representantes de la sociedad civil o como parte del sector económico del cannabis. De todo este proceso extraje algunas reflexiones sobre el momento que vivimos actualmente en España en relación a esta cuestión. A continuación comparto algunas de ellas, que considero pueden contribuir a la construcción de un modelo de regulación más inclusivo, tanto en la forma como en el fondo.

En primer lugar, sería importante dotar de un mayor peso a la dimensión social de fenómeno del cannabis en las propuestas de regulación, y que no se limiten a simplemente regular o “hacer aflorar” un mercado. Es importante conectar la regulación del cannabis con los procesos de exclusión social y las desigualdades estructurales que sufre una parte de los sectores sociales implicados en el cultivo y el comercio de cannabis. Introducir esta dimensión social debe implicar reparar a los colectivos más vulnerables que ha sido especialmente golpeados por la prohibición. Para reparar, es necesario previamente identificar. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles es su situación? ¿Qué opinan de esta cuestión? Es decir, es necesario realizar un diagnóstico del estado de los mercados de cannabis en España en clave social.

En segundo lugar, considero imprescindible diferenciar entre el advocacy y el lobby. Es decir, entre los sectores que apoyan la regulación del cannabis en defensa de intereses colectivos, públicos y sociales, y entre aquellos sectores que están más enfocados en la defensa de intereses privados y particulares. Ambos colectivos y sus reivindicaciones son igualmente legítimos, así como sus intereses, siempre y cuando se manifiesten con transparencia. Pero considero que resulta realmente desconcertante para la opinión pública, y para los decisores políticos, cuando las demandas y reivindicaciones de ambos grupos se entremezclan y confunden. Por mucho que éstas puedan confluir y coincidir en muchos aspectos, las decisiones sobre el modelo de regulación que acabará imponiéndose en España están muy relacionadas con la dialéctica entre estos dos grandes grupos, muy heterogéneos entre sí pero también dentro de sí. Es importante que los intereses particulares se identifiquen como tales.

Mi tercera y última reflexión está relacionada con la importancia de introducir mecanismos de evaluación en la hoja de ruta de la regulación. Una evaluación que, preferentemente, debería ser llevada a cabo por entidades o especialistas independientes y diferentes de la autoridad de control gubernamental. El diseño y la evaluación de políticas públicas requiere inversión en investigación social, lo que en inglés denominan policy oriented research. A mayor conocimiento, mayor intercambio de propuestas y mejor resultado. Esto es, en la práctica, a lo que hace referencia la noción de “política pública basada en evidencia”.

Quizá nos parezca que las reformas introducidas en Malta quedarían pequeñas para el caso español. Y es posible que así sea. Pero lo que nos ha enseñado el desarrollo de los acontecimiento en ese país es que es preferible realizar pequeños avances, que beneficien en primer lugar a las personas usuarias y que permitan modelos de acceso limitado, que no regular nada en absoluto, por tener un horizonte tan ambicioso que apenas recabe apoyo social y político más allá de un reducido grupo de implicados.

En definitiva, el paso del cannabis de “la oscuridad” de la prohibición a la “luz del mercado regulado” plantea numerosas inquietudes, incertidumbres y decisiones nada fáciles. Pero, en mi opinión, la más importante es si queremos una regulación del cannabis centrada en la vida, en los cuidados, en los derechos de las personas usuarias y en la justicia social para los sectores más vulnerables, o simplemente hacer aflorar un mercado.

^[1] https://www.elcorreo.com/internacional/union-europea/nuevo-gobierno-aleman-20211119085124-ntrc.html

^[2] https://www.emcdda.europa.eu/news/2021/malta-and-luxembourg-announce-plans-limited-cultivation-and-use-cannabis_en

^[3] https://www.theguardian.com/world/2021/oct/22/luxembourg-first-in-europe-to-legalise-growing-and-using-cannabis

^[4] https://www.publico.es/internacional/malta-legaliza-consumo-cultivo-cannabis-fines-recreativos.html

^[5] https://lovinmalta.com/lifestyle/interview/interview-cannabis-associations-will-be-up-and-running-in-2022-mariella-dimech-maltas-new-cannabis-chief/

^[6] https://www.congreso.es/organos/composicion-en-la-legislatura?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_selectedOrganoSup=379&_organos_selectedSuborgano=379201

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