Captura corporativa y estrategias de la industria del cannabis para atraer a nuevos consumidores

Fuente: www.lasdrogas.info. Manuel Isorna Folgar.

La captura de las políticas es el proceso por el cual las decisiones políticas responden al interés particular de un individuo, un grupo reducido de personas o una organización privada, en detrimento del interés público, a causa de las acciones intencionadas de esos agentes privados. La consecuencia es una regulación injusta o la ausencia de regulación cuando esta es necesaria para la protección del bien común, que resulta así perjudicado. Cuando se trata de políticas que afectan a artículos de consumo perjudiciales para la salud (alcohol, tabaco, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados), estos grupos de interés no son otros que las grandes corporaciones transnacionales que dominan los principales mercados nacionales e internacionales de tales productos, de ahí que se haya acuñado el término de captura corporativa de la salud pública.

El principal interés de la captura corporativa industrial es simple: incrementar los beneficios económicos para que las ganancias de sus accionistas sean mayores, aumentando el volumen de ventas y maximizando sus beneficios. El interés de las empresas de productos perjudiciales para la salud colisiona frontalmente con el interés de la salud pública, normalmente ligado a intereses como: una reducción del consumo de alcohol, en el caso del tabaco y cannabis a su total erradicación o no permitir la publicidad engañosa de sus supuestos beneficios terapéuticos, entre otras. Un ejemplo de esta presión de la captura corporativa es el “supuesto beneficio económico” que va a generar la “legalización del cannabis” a través de los impuestos recaudados por la venta de cannabis, solo en EE.UU. se prevé que alcance los 23.000 millones de dólares en 2022  (Yeoh, 2020). Sin embargo, no se presentan o no se tienen en cuenta los daños en términos de salud pública, personal y familiar que ha generado el aumento de consumidores (Hall yLynskey, 2020).

Basándonos en Royo-Bordonada (2019) planteamos algunas de las estrategias más utilizadas por la captura corporativa de la industria del cannabis en la última década:

• Sesgar los resultados científicos: Influir en el programa científico. Financiar cátedras, fundaciones, proyectos de investigación, etc. Desviar el foco de atención hacia aspectos ajenos a los efectos sobre la salud de sus productos y cuestionar y desacreditar a los investigadores independientes. Difundir fake news procannabis.
• Crear consumidores desde edades precoces: Desarrollar campañas publicitarias agresivas dirigidas a jóvenes con técnicas fraudulentas y sofisticadas de marketing. Hacer publicidad encubierta en los colegios y universidades mediante financiación de actividades supuestamente lúdico-educativas. Ocupar los espacios públicos para promocionar y facilitar el acceso a sus productos y/o utilización de Influencers.
• Promover una buena imagen de sus compañías y productos: Lanzar campañas de responsabilidad social (participar en programas de promoción de la salud y prevención del consumo de cannabis en menores, cooperar con ONG, etc.). Difundir mensajes engañosos, insistiendo en la moderación y el equilibrio (“consume con responsabilidad”). Dificultar el acceso de la población a información relevante sobre los efectos negativos de sus productos. Asociar su imagen con emociones y valores positivos. Presentarse como parte de la solución y negar que son parte del problema.
• Cuestionar la legitimidad y conveniencia de la intervención gubernamental para regular su actividad: Apelar a la libertad de elección y la responsabilidad individual. Transmitir el mensaje de que las políticas de salud pública son contrarias a las libertades individuales y civiles, propias de un estado paternalista, represivo y opresor. Acusar a los defensores de la salud pública de constituir una policía sanitaria, moralista, con la intención de imponer un “Estado niñera”. Constituir y financiar organizaciones pantalla con apariencia de “asociaciones de la sociedad civil” o “usuarios del consumo medicinal”. Azuzar el fantasma del supuesto impacto positivo de la regulación del cannabis en la economía y la oferta de puestos de trabajo.
• Controlar la formación continua de los profesionales: Financiar cursos, jornadas y conferencias. Editar libros y materiales didácticos. Contratar a los expertos que forman parte de los comités encargados de elaborar guías con recomendaciones para los profesionales, consumidores y los políticos.
• Ejercer actividades de presión (lobby) sobre los gobiernos y organismos internacionales: Financiar partidos políticos sobre todo a los más proclives a sus intereses. Promover las colaboraciones público-privadas, los sistemas de autorregulación y las intervenciones meramente informativas y educativas. Participar en reuniones políticas de alto nivel y en comités políticos consultivos, presentándose como representantes de la sociedad civil o contratando como consultores a los miembros de esos comités. Intrigar para colocar a funcionarios de alto rango afines a sus intereses a la cabeza de las agencias reguladoras. Trasladarse de la industria a puestos de responsabilidad en la administración y viceversa “puertas giratorias”.

.

La industria del cannabis y la evidencia científica

La difuminación de las líneas entre el “cannabis medicinal y el recreativo” proporciona a la industria nuevos argumentos y formas de relacionarse con las élites políticas y la comunidad científica  (Adams et al., 2021).

Dentro de una estrategia de posicionamiento y control, la industria del cannabis ha ido concentrando todas las fases del negocio, desde el cultivo y la recogida, a la extracción, manufactura y distribución en dispensarios, clubes o farmacias en todo el mundo. También han puesto en marcha maniobras de rebranding (conjunto de acciones que implican un cambio de logo, de nombre, de tipografía, de mensaje o bien, combinar las anteriores, para así cambiar lo que opinan los clientes de la marca) con el objetivo de facilitar el cambio de percepción social de esta droga y así favorecer su regulación. Es decir, la industria del cannabis ha pasado de la ilegalidad y la imagen del fumador con desarraigo social al fumador enfermo por “patología crónica grave” socialmente normalizado con el objetivo de facilitar el cambio de percepción social de esta droga y así favorecer su regulación (Isorna et al., 2020).

La industria del cannabis siempre ha utilizado como “cabeza de turco” a los consumidores y movimientos procannabis y han usado el potencial terapéutico como “caballo de Troya” para inocular en la población (y en los políticos principalmente) la idea de que es una sustancia que “cura enfermedades”, desde la esclerosis múltiple, pasando por el cáncer, el glaucoma, epilepsia, los trastornos de conducta alimentaria, etc. La evidencia científica (Abuhasira et al., 2018) muestra que estos efectos beneficiosos de los cannabinoides extraídos del cannabis se ciñen a paliar a sintomatología desagradable de varias enfermedades, pero no “cura” ninguna de ellas. Para esos casos están aprobados medicamentos como el Sativex® (ingrediente activo: nabiximols) autorizado para el tratamiento de espasticidad muscular resultante de la esclerosis múltiple; está indicado como tratamiento adicional para la mejoría de los síntomas en pacientes con espasticidad moderada o grave que no han respondido de forma adecuada a otros medicamentos antiespásticos como el baclofeno oral o tizanidina (Oreja-Guevara et al., 2013). Otro medicamento aprobado es el Marinol y Syndros (Dronabinol) está indicado para anorexia asociada con pérdida de peso en pacientes con SIDA, náuseas y vómitos asociados con la quimioterapia para el cáncer, generalmente después de que los tratamientos convencionales han fallado. El Cesamet y Canemes (nabilone), su principal indicación para su uso es la náusea y vómitos asociados con la quimioterapia, generalmente después de que los tratamientos anteriores hayan fallado. El último medicamento aprobado por la FDA en 2018 es el Epidiolex (CBD) indicada para el tratamiento de las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet en pacientes de 2 años o mayores (Abu-Sawwa et al., 2020) .

Tener una autorización de comercialización de la FDA o de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) implica que el producto pasó por extensos ensayos clínicos y que ha sido probada la seguridad y eficacia del fármaco, estableciendo sus efectos secundarios. Es importante destacar que tanto la EMA como la FDA no aprueban el uso del cogollo (hierba) de cannabis ni de sus derivados o extractos por vía fumada (Abuhasira et al., 2018). Es obvio que, si el balance riesgo/efectividad fuera positivo para otras patologías o síntomas, el cannabis y sus derivados como medicamento se licenciaría para otras enfermedades.

En todo caso, el consumo individual con finalidad terapéutica a través de la liberalización del mercado (autocultivo) está dentro del concepto de automedicación que nunca ha sido defendido desde los poderes públicos y mucho menos desde el sistema sanitario. Principalmente en EE.UU y en menor medida en España, la automedicación es un hábito muy extendido. Es importante destacar que, aunque algunos medicamentos no requieren receta médica, no significa que sean inocuos y pueden resultar perjudiciales. En todo caso y más allá de si el tratamiento sea adecuado o no a la dolencia, el consumo de cannabis también puede ser perjudicial para la salud y en mayor medida sin control médico. Entre esos daños se destacan los retrasos en el diagnóstico, resistencia y pérdida de eficacia, efectos secundarios e intoxicación y/o dependencia y adicción

Sin embargo, el mensaje del “cannabis terapéutico” a pesar de ser falso, a base de repetirlo muchas veces ha ido calando en una parte importante de la sociedad, principalmente en los más jóvenes que han visto como, una vez descubierto lo perjudicial que es el tabaco, han encontrado en el cannabis un buen sustituto y refugio. Para estas personas, es evidente que una sustancia que “cura” tantas enfermedades no puede ser perjudicial. El objetivo ha sido, y sigue siendo, aumentar su disponibilidad y accesibilidad en busca de alcanzar un mayor número de consumidores, ocasionales y habituales. Pero quizás, el motivo más importante es que según informaba en 2018 el Business Insider (medio digital estadounidense de noticias financieras y empresariales) para el año 2020, la industria y empresas que venden y distribuyen cannabis por vía legal darían trabajo a 340.000 personas en EE.UU. Se espera que el mercado legal de marihuana en EE.UU. llegue a facturar unos 47.000 millones de dólares al año durante la próxima década y en todo el mundo supondrá un suculento negocio global que prevé mover en 2025 unos 50.000 millones de euros en todo el mundo de ellos unos 5.000 millones en España. ¡El cuerno de la abundancia ha llegado…para quedarse!.

Bibliogafía

Abu-Sawwa, R., Scutt, B. y Park, Y. (2020). Emerging use of epidiolex (cannabidiol) in epilepsy. The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics, 25(6), 485-499. https:// doi.org/10.5863/1551-6776-25.6.485 especial

Adams, P. J., Rychert, M. y Wilkins, C. (2021). Policy influence and the legalized cannabis industry: learnings from other addictive consumption industries. Addiction, 116(11), 2839-2946. https://doi.org/10.1111/add.15483

Hall, W. y Lynskey, M. (2020). Assessing the public health impacts of legalizing recreational cannabis use: the US experience. World Psychiatry, 19(2), 179-186. https://doi. org/10.1002/wps.20735

Isorna, M., Burillo-Putze, G., y Villanueva-Blasco, V.J. (2022). Captura corporativa, fake news procannabis y posición de los consumidores ante su regulación. Global Health Promotion 1757-9759;0(0): 1–10; 1107604. https://doi.org/10.1177/17579759221107604.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). The health effects of cannabis and cannabinoids: the current state of evidence and recommendations for research. National Academies Press

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (2019). Uso médico del cannabis y los cannabinoides: preguntas y respuestas para la elaboración de políticas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/10171/ 20185584_TD0618186ESN_PDF.pdf

Oreja-Guevara, C., Montalban, X., de Andrés, C., Casanova-Estruch, B., Muñoz-García, D., García, I. y Fernández, Ó. (2013). Documento de consenso sobre la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Rev Neurol, 57(8), 359-373

Royo-Bordonada, M. (2019). Captura corporativa de la salud pública. Revista De Bioética Y Derecho, (45), 25-41

Yeoh, P. (2020). Legal challenges for the cannabis industry. Journal of Money Laundering Control, 23(2), 327-340. https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0049.