Entrevista a Evalinda Barrón, directora general de la Comisión Nacional contras las Adicciones en México, CONADIC.

Fuente: www.lasdrogas.info. Marta Saiz y Bernat Marrè.

Ciudad de México (México)

Evalinda Barrón Velázquez es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones en México (CONADIC) y coordinadora de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. Desde las instalaciones de CONADIC, la también psiquiatra explica la importancia del enfoque de salud y derechos humanos al hablar y tratar a las personas consumidoras.

Pregunta. El actual presidente López Obrador reconoce que la política de drogas realizada hasta el momento (guerra contra las drogas) es una estrategia fallida y que se necesita una renovación total más centrada en los derechos humanos en general, y en las personas consumidoras en particular. Pero, a nivel práctico, ¿qué cambios se plantean desarrollar?

Repuesta. Desde el 2019, con el inicio de la Cuarta Transformación (proyecto político y económico de AMLO), era mandatorio ver qué era lo que estaba causando tanta violencia en el país y uno de los temas más importantes fue la guerra contra el narco, que no fue una guerra contra los delincuentes, sino que acabó siendo contra las personas consumidoras, racializadas y pobres que no tenían acceso a la justicia. En cuanto a la parte de la demanda, no había una estructura ni una integración dentro del sistema de salud, así que el primer paso fue separar la oferta de la demanda, y esta última pasó a ser coordinada por la Secretaría de Salud, ya que los trastornos por uso de sustancias, es decir los problemas que tienen que ver con el abuso o la dependencia, son de salud mental y de salud pública. Además, hay diferentes tipos de consumo, puesto que la mayor parte de las personas consumidoras no tienen trastornos por el uso de sustancias. Ese fue el primer gran paso que, aunque suene lógico, no se había visto así ni en México ni en el resto del mundo, sino que había sido una guerra contra las sustancias psicoactivas, que acaba siendo una guerra contra las personas.

P. De estos cambios propuestos, ¿cuáles son los prioritarios y que ya se han empezado a implementar?

R. Empezamos por entender cómo funcionaba la estructura de los servicios de salud. Observamos que la parte de atención en salud mental y adicciones estaba totalmente separada y no coordinada con la Secretaría de Salud. Así que empezamos una reestructura a nivel organizativo de la Secretaría de Salud, fusionando ­—estamos en este proceso— la CONADIC, el Secretario Técnico del Consejo de Salud Mental y los servicios de atención psiquiátrica para conformar la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. De la misma manera, tuvimos que hacer cambios a la ley para unificar los temas de salud mental y adicciones, para tratar aquellos padecimientos mentales, incluido el consumo de sustancias, con respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que tienen cualquier problema de salud mental. Comenzamos con toda una estrategia de prevención intersectorial, sabiendo que los problemas de salud pública requieren la atención de todo el mundo. Porque no es solamente un ‘di no a las drogas’, que no funciona si no hay una reconstrucción del tejido social para disminuir las violencias. Por ello, trabajamos con todas las secretarías federales, para poder armar una estrategia conjunta y territorializar. Por otro lado, se está poniendo el foco también en la capacitación de los servidores públicos sobre el tema de los factores de riesgo y de protección que promueven el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente en niños, niñas y juventudes. Porque creemos que el objetivo va más allá de la utopía del ‘vamos a vivir en un mundo sin drogas’, sino que vamos a reconstruir el tejido social, disminuyendo los factores de riesgo y aumentando los factores de protección para hacer la actividad preventiva. En lo que respecta a la parte de atención, empezamos con un proceso de capacitación muy fuerte de todo el primer nivel, con una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, mhGAP. Y en el segundo nivel, estamos con la inclusión de los servicios de psiquiatría en la atención a personas con consumo en hospitales generales y servicios de urgencia. Además, esta mejora organizativa nos ha permitido trabajar con un solo presupuesto, es decir, trabajar con los mismos recursos humanos que tenemos para la atención en salud mental y adicciones. A su vez, esto ha permitido que entre todas las secretarias tengamos acciones de prevención en más de 25 millones de personas en los últimos tres años.

P. Desde CONADIC se trabaja dese un enfoque muy cercano a la salud mental, ¿qué relación hay entre salud mental y adicciones, y porque es importante que estén de la mano?

R. Existen muchos estigmas en este aspecto cuando hablamos de salud mental, ya que las personas piensan en esquizofrenia, trastorno bipolar u otras enfermedades, cuando los problemas más comunes son depresión y ansiedad. Además, se piensa que cualquier persona consumidora es adicta, que lo hace porque quiere y que lo podría dejar en cualquier momento. Y es importante saber que es una razón neurológica, pues las personas que consumen sustancias y desarrollan un trastorno por uso de sustancias —alrededor del 10%— sufren cambios a nivel cerebral que implican problemas de salud mental, es decir, ya tienen tolerancia y dependencia, por lo que requieren atención. También nos encontrábamos con personas consumidoras que llegaban a los centros de atención con un intento de suicidio y se las dirigía al centro comunitario de salud mental, lo que dividía los esfuerzos y la atención. Una estrategia poco lógica si sabemos que quienes tienen un trastorno por uso de sustancias sufren una patología dual, por lo que es necesario atenderlas en un mismo lugar.

P. En cuanto al enfoque de género, ¿se trabaja una línea específica en este aspecto desde CONADIC?

R. Sí, totalmente. Antes, me gustaría destacar que una de las ideas que tuvimos que romper es la relación entre las personas consumidoras y la delincuencia. Si bien muchas personas que cometen delitos consumen, esto no quiere decir que las personas consumidoras cometan delitos. Eso es algo en el imaginario que está bastante permeado y hay que entender que es mucho más probable que se consuman sustancias o se comentan delitos si la estructura social empuja a ello. También fue importante ver que la violencia tenía que ver con las estructuras patriarcales. Por lo que empezamos toda una línea de violencia y específicamente de violencia de género. Y aquí ocurre lo mismo que con los consumos: las políticas van muy enfocadas a la parte judicial y no tanto a las causas. Nos llama la atención que la mayoría de las llamadas que recibe La Línea de la Vida y un programa con el Instituto Mexicano de la Juventud son por parte de mujeres. Sin embargo, la mayor parte de la atención en los centros es a hombres, y esto es porque hay un mayor estigma y una mayor carga mental, física y laboral hacia las mujeres consumidoras. Y, aunque el consumo sigue siendo menor en mujeres que en hombres, el estigma, que no está bien en ninguna forma, es desigual, lo que implica que las mujeres reciban mucha más violencia.

P. ¿Y con respecto a la comunidad LGBTIQ+?

R. Aquí hemos trabajado en dos vertientes. Primero, antes de ofrecer servicios a toda la comunidad, vimos que teníamos que capacitar al personal. No se trata de salir y decir que vengan a nuestros centros de atención primaria o de salud, porque sabemos que hay una gran criminalización hacia la comunidad LGBTIQ+ por el personal de salud. Por ello, estamos capacitando a nuestro personal de salud para que tengan sensibilidad a la hora de atender. La otra parte en la que trabajamos tiene que ver con la reducción del riesgo y daño, especialmente con el tema del chemsex.

P. Habla sobre la reducción del estigma, ¿cree que todo ello va acompañado de un cambio en las narrativas?

R. Claro. Empezando desde dentro. Imagina que al personal del Gobierno toda la vida se le ha dicho que el lema es el ‘no a las drogas’, mientras que ahora se trabaja hacia la reducción de daños. En algún momento, se nos dijo que lo que queríamos era dar jeringas a los niños y eso no es así, lo que queremos es que las personas no se infecten de VIH y que, si deciden no dejar de consumir o no pueden, que el costo sea menor para ellas.

P. Recientemente han lanzado la iniciativa de los IAPABUS, ¿de dónde viene su necesidad y qué importancia tienen?

R.  Justamente en este cambio de modelaje teníamos planeado un modelo que se acercara a la población, así que empezamos a trabajar con el gobierno local de la Ciudad de México, el Instituto de Atención en Adicciones de la Ciudad de México y organizaciones de la sociedad civil para hacer una alianza muy fuerte. Conseguimos un autobús y empezamos a salir a los puntos donde podíamos ofrecer servicios a la población, especialmente a aquellas personas que practican chemsex, para dar herramientas, realizar detección de VIH y hepatitis C, permitir acceso a tratamientos o dar paquetes con pipas. La verdad es que esperamos poder llevar este modelo, al menos, a las ciudades donde el consumo es más problemático.

P. Tenemos conocimiento de que el modelo islandés de prevención Planet Youth se está aplicando en algunos lugares de México. ¿Existe una estrategia conjunta con CONADIC?

R.  Tenemos que saber que los lineamientos citados por múltiples estudios a lo largo del mundo tienen que ver con la atención a la demanda, y los factores de riesgo y de protección. El proyecto Planet Youth está enfocado a su población y los diagnósticos territoriales aquí en México van a ser distintos, ya no solo en el país, sino en cada colonia. Porque el consumo tiene que ver con los factores de riesgo y de protección, así como con las situaciones sociales, económicas y políticas que se dan en cada uno de los territorios.

P. Entonces, ¿cómo se adapta Planet Youth en el contexto mexicano, tan diferente al islandés?

R. En Islandia la población es de 400.000 personas y aquí esa cifra equivale a una colonia de la Ciudad de México. Cuando importamos modelos de atención en salud pública tenemos que ser muy responsables, porque eso implica el gasto de los recursos de la población para una política pública. En México, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones es una política a nivel federal y los estados son autónomos de implementar las estrategias que consideren. Sin embargo, pedimos [a las instituciones diferentes en cada estado] que sea con responsabilidad, entendiendo las diferencias que hay entre las poblaciones de estos modelos que se implementan desde algún lugar a nuestros territorios. México tiene características muy diversas, complejas y violentas en ciertos lugares.

P. ¿Cómo seguir en el trabajo hacia un enfoque de derechos humanos en el tema de adicciones? ¿Qué pasos toca seguir ahora?

R. Separar la oferta de la demanda supuso un antes y un después. Y que todo el Gobierno pueda dedicarse a atender las causas es muy importante, especialmente con los programas sociales para las juventudes y las personas que más lo necesitan. Todos estos programas hacen que realmente se fortalezca el tejido social, aunque solo esto no es suficiente si los entornos no cambian. Hay realidades muy complejas en el país y es un proceso difícil. Si en Islandia tardaron 10 años, imagina en un país de más de 125 millones de habitantes. Aun así, creo que el cambio en la narrativa, en la forma de atención y de hacer salud pública de manera intersectorial, es uno de nuestros mayores logros. Entonces, tenemos que empezar por los derechos básicos y revisar nuestros privilegios cuando hacemos políticas públicas. De momento, hemos avanzado muchísimo en cómo nos estamos reorganizando. Claro que hay pendientes, pero si un país que está dividido en 32 estados y en 2.400 municipios lo está consiguiendo, creemos que podemos compartir las experiencias con otros países similares al nuestro, sin que eso conlleve exportar el modelo.