Sheila Atahide es asesora técnica en políticas públicas de drogas en el área de Gestión Territorial de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Su labor se enmarca en la implementación de las políticas que se diseñan en materia de drogas. En esta entrevista, realizada en el marco del Seminario Internacional sobre Drogas, Vulnerabilidades y Territorios urbanos de COPOLAD III en la ciudad brasileña de Fortaleza, destaca la importancia de tener un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género e interseccionalidad en las políticas públicas sobre drogas, para que todas las personas estén incluidas y no dejar a nadie atrás.

Pregunta. En este seminario se está hablando y debatiendo sobre la necesidad de bajar las políticas públicas sobre drogas a los territorios. ¿Cómo se ve esta cuestión desde Uruguay?

Respuesta. Las políticas públicas de drogas en Uruguay tienen una territorialización interesante. Es cierto que falta un poco más de construcción de abajo hacia arriba, algo que no ocurre con las políticas de prevención, donde hay una parte en el ámbito comunitario con una mirada de construcción que sí va de abajo hacia arriba. Sin embargo, en la parte de tratamiento y atención creo que queda en el lugar de los “expertos” como quienes pueden diseñar estas políticas, por lo que se necesita una mirada territorial, sobre todo de las comunidades que habitan ese territorio. Por eso es importante hablar de la interseccionalidad y de lo necesario que las comunidades que representan esas intersecciones nos digan si una política es aplicable o no.

P. Durante su intervención en el seminario afirmaba que la perspectiva de género no es una moda. ¿Por qué es importante que las políticas públicas sobre drogas integren y apliquen de manera efectiva el enfoque de género?

R. La perspectiva de género implica diseñar e intervenir desde el reconocimiento de la desigualdad histórica de las mujeres. La mayoría de los espacios están diseñados para los hombres, empezando por las ciudades, los centros de privación de libertad e, incluso, los centros de atención. Y no se trata solo de construir los espacios, sino de pensar en cómo hacer que sostengan a las personas, que las integren en los procesos. En Uruguay, las mujeres y las disidencias sexuales y/o de género son las que menos tiempo están en los procesos de tratamiento, casi nunca los terminan. Y esto tiene que ver con que los diseños no están adaptados a esas otras miradas, es decir, no nos ponemos los lentes de género para diseñar y habilitar los espacios de atención. Nos ocurrió en un centro de atención que el equipo se frustró porque no se pudo sostener a una mujer que volvió a su red de explotación: ¿cómo se sostiene a una mujer que está en un circuito de explotación sexual y comercial, y en el que su consumo de drogas se da por esa misma realidad? Por esta razón, tenemos que pensar qué es lo que realmente queremos generar con la perspectiva de género, más allá de que sea una moda hablar de ello. No solo tiene que estar en el discurso, sino también en las acciones, en lo que se está implementando. Porque las políticas que no consideran el análisis desde un enfoque de perspectiva de género e interseccionalidad tienden a reproducir y profundizar las desigualdades sociales y culturales presentes en la sociedad.

P. Entonces, ¿cómo se puede incidir para integrar la perspectiva de género en las políticas públicas sobre drogas?

R. En Uruguay los movimientos de las organizaciones de la sociedad civil son muy fuertes. Me parece que el trabajo en conjunto con ellas es fundamental, y esto es lo que han estado haciendo los diferentes gobiernos durante los últimos años. Dentro de este interés en el diálogo se ha trabajado con adolescencias, vejez y otras interseccionales, y creo que en el tema del género hay que incidir mucho más. En Uruguay no existe una educación sexual integral y esto afecta a la hora de construir las políticas públicas. Hay que diseñar las políticas en conjunto con la sociedad civil, encontrando espacios donde sentarnos a hablar de las diferentes esferas, pero también deconstruyéndonos a nosotras mismas todos los días e integrando una mirada de género en nuestro actuar cotidiano. Es importante un diseño desde cero con esa perspectiva y una revisión constante de nuestras prácticas en el trabajo directo.

P. ¿Hay una perspectiva en cuanto a disidencias sexuales y/o de género y la comunidad LGTBIQ+ en las políticas sobre drogas?

R. Desde la Secretaría tratamos de que todos los dispositivos de atención tengan ese enfoque y que tengan una mirada más amplia en cuanto a los espacios, no adecuarlos solamente a las mujeres cis, ya que con las disidencias y comunidad LGBTIQ+ se requiere de otra sensibilidad. Debemos tener en cuenta cómo diseñamos y pensamos los tratamientos, por ejemplo, en personas trans que también están tomando hormonas, qué ocurre con esos consumos mientras se están hormonando. De hecho, el año pasado la Secretaría presentó la posibilidad de financiar un proyecto que tenía que ver con esa puerta giratoria que existe en las personas trans entre calle, consumo y privación de libertad, porque son muchas las que tienen este denominador en común. Una propuesta que construimos y presentamos junto con personas trans organizadas.

P. ¿Cómo se desarrolla el trabajo con menores y adolescentes?

R. En la Red Nacional de Drogas hay varios servicios que aceptan adolescencias para que estén un tiempo internadas. Pero nos encontrábamos que en los dispositivos comunitarios o más de cercanías barriales no se daba mucho el acercamiento por parte de jóvenes. En el año 2019 se dan situaciones de violencia en algunos barrios de Montevideo y se vio la necesidad de incrementar y pensar más servicios y políticas públicas, por lo que pusimos un dispositivo de cercanía, que actualmente es el único dispositivo donde el mayor número de atención es en adolescencias con familias presentes y que salen del sistema penal. A partir de 2020 aumentamos la atención en población adolescente hasta el día de hoy, donde también se trabaja con sus familias, pues es cierto que los y las jóvenes de más de 18 años tienen una atención más individual, pero en el caso de adolescentes menores, estos sí tienen una dependencia más directa con sus familiares. De la misma manera, la rectoría que se encarga de las políticas públicas para adolescentes tiene un dispositivo de atención al consumo específicamente en adolescencias, ya que son muy diferentes a los consumos en adultos. En nuestro caso fue un desafío y un hallazgo, porque nunca dimensionamos que un dispositivo comunitario que se acercaba más a poblaciones “desafiliadas del sistema” empezara a vincularse a adolescentes y sus familias, así como trabajar los consumos intrafamiliares.

P. ¿Cómo funciona la intervención comunitaria en Uruguay? ¿Existen centros en diferentes barrios?

R. Existen varios dispositivos de atención comunitaria en Uruguay. Por un lado, están los dispositivos residenciales o de baja exigencia que están fijos en un territorio, con un horario a cumplir y unas reglas de convivencia. Actualmente, de estos tenemos tres, uno de ellos todavía híbrido con los que no se encuentran fijos. Luego tenemos otros que se enmarcan en el programa Aleros, que son equipos de proximidad que desarrollan intervenciones desde una perspectiva comunitaria, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas con consumos problemáticos de drogas y propiciar una mayor accesibilidad a los demás dispositivos de la red. En Aleros tenemos cuatro dispositivos itinerantes que, aunque no están fijos en un espacio, sí tienen algunos lugares específicos donde atienden y generan un clima confiable y amigable. Están más en movimiento, pero dentro de los municipios. Y también tenemos las Unidades Móviles de Atención, que son dos unidades que transitan en Montevideo de lunes a viernes, una en la mañana y otra en la noche, y que es una ambulancia convertida en un espacio entre entrevista, consultorio y parte de recreación. Si bien tiene algunos puntos establecidos, porque se genera una población de referencia, son más móviles. Trabajan con poblaciones muy diferentes, la gran mayoría de ellas en situación de calle: la de la mañana atiende principalmente a personas que tienen un lugar donde dormir bajo el sistema de refugios y en la noche el 90% de las personas usuarias son de calle sin hogar, gran parte de ellas por elección. Y aquí se genera un debate interesante porque desde la Secretaría de Drogas, los técnicos y técnicas entienden que hay personas que eligen estar en la calle y no podemos pensar si está bien o mal, sino que es una decisión personal que en muchas ocasiones tiene que ver con la falta de una política pública o su mal diseño.

P. ¿Despiertan estos dispositivos comunitarios la confianza de las personas usuarias?

R. Lo interesante de todos estos dispositivos es que la Secretaría tiene convenios con organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo. Los diseños de estos últimos años han sido en conjunto con ellas. Esto nos parece un logro, porque hay un diálogo de ida y vuelta que nos permite saber las necesidades poblacionales o las dificultades de los equipos. Tenemos un trabajo muy cercano a los equipos que desarrollan el diseño, aunque todavía falta mucho por hacer. Cuando me refiero a que tenemos que construir las políticas públicas de abajo hacia arriba me refiero, no a saltar a la sociedad civil, sino de integrarla, así como de incorporar las voces de las personas que están haciendo el uso. Esto me recuerda a que teníamos un programa que se llamaba Fortalecimiento de Redes Comunitarias, en el que se trabajaban las propuestas con las personas del mismo barrio y donde estaban las comunidades, las organizaciones sociales y el Estado, que son los tres pilares que deben existir para la construcción y el diseño de las políticas públicas.

P. ¿Sería Uruguay un ejemplo de este diálogo continuo con la sociedad civil?

R. Uruguay ha mantenido esa importancia de cómo gestionar o de cómo construir en conjunto con la sociedad civil, algo en lo que se necesita de mucho diálogo, aunque ello requiera más tiempo. Esto siempre está presente en la Secretaría de Drogas, con un secretario que apuesta por ese diálogo constante con las organizaciones de la sociedad civil, incluso con organizaciones con las que no tenemos convenio o no tienen un servicio nuestro. También realizamos ese trabajo directo de diálogo y de entendernos mutuamente con aquellas organizaciones que plantean otro enfoque de política pública, diferente a la nuestra de gestión de riesgos y reducción de daños, más dirigida a la internación compulsiva o el consumo cero.

P. Por último, hablaba de la importancia de integrar la perspectiva de género y la interseccionalidad en las políticas públicas sobre drogas, ¿es necesario que estas también incorporen un enfoque en derechos humanos?

R. Por supuesto. De hecho, no solamente las políticas sobre drogas, sino que todas las políticas públicas deberían tener un enfoque de derechos humanos y una mirada interseccional. Una política sin este enfoque estaría excluyendo y estigmatizando a una parte de la población.

* COPOLAD es un programa de cooperación delegada financiado por la Unión Europea y liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), en consorcio con la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA), y en coordinación, con Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA).