Los controles apuntan a los microtraficantes y no a los peces gordos

La responsable jurídica boliviana de la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia, María del Carmen Michel, señaló que el control antidrogas apunta a combatir únicamente a los microtraficantes y consumidores y no así a los grandes narcotraficantes. 

Fuente: www.hoybolivia.com

En las cárceles del país más del 20% de la población paga condenas por narcotráfico, pero no existe una diferenciación por el grado de participación en el delito.

«Pero de ese 20% ¿Cuántos son narcotraficantes grandes o «peces gordos» del narcotráfico? (…) Entonces la lucha en contra del narcotráfico tiene que ser una lucha a grandes escalas, a grandes organizaciones, redes de narcotráfico, y no ir a buscar solamente a los microtraficantes o a los consumidores, se debe atacar el narcotráfico a lo grande, no en lo mínimo», indicó Michel a ANF.

Según Michel, la lucha contra grupos reducidos o minoritarios es una forma de estigmatización al pobre, más aun cuando se está encarcelando a consumidores sin ofrecerles un tratamiento para superar ese vicio.

Además, la representante de la Pastoral Penitenciaria dijo que uno de los problemas en Bolivia es que no existe la clasificación por la comisión del delito en las cárceles, lo que agudiza la problemática de los consumidores. A ello se agrega el hecho de que el control de ingreso de distintos objetos e incluso la droga es deficiente.

Al respecto, el director de Participación Ciudadana de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, Juan Carlos Pinto, mencionó que las políticas penitenciarias no han cambiado nada y que siguen vigentes las estrategias neoliberales que apuntan a sancionar a los más pobres.

«Estas consecuencias que tenemos en las cárceles son precisamente parte de lo que todavía nos falta debatir, no quiere decir que hayamos errado, quiere decir que seguimos en un marco colonial de reproducción de algunos parámetros que nos hacen hacer ese tipo de políticas que sigue afectando a los más pobres», manifestó.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, consideró que la Ley 1008 es «draconiana» y violatoria de los derechos y garantías constitucionales, por lo que considera que es necesaria una nueva ley.

Esta posición coincide con la reciente declaración del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonino De Leo, que planteó que la nueva norma debe apuntar directamente a las grandes redes del narcotráfico y no así los grupos débiles.

«Las normativas de drogas que han sido más eficaces son las que han puesto énfasis y que han sido orientadas contra las grandes redes de narcotráfico, contra los narcotraficantes, en lugar de eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico», indicó.

La normativa boliviana

En 1988 se aprobó la Ley 1008 en contra del narcotráfico, en la cual se estableció que el cultivo de coca para consumo interno no debía sobrepasaar las 12 mil hectáreas y que todo excedente debiera considerarse producción destinada a la fabricación de pasta base y cocaína cristalizada.

A lo largo de los años, distintas autoridades políticas cuestionaron esta ley y exigieron su modificación con el argumento de que vulnera la presunción de inocencia, sin embargo, el tema aún no se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa.