Fuente: www.lasdrogas.info. Marta Saiz.

COPOLAD III realiza, junto a la Agencia de Drogas de Brasil, el Seminario Internacional sobre Drogas, Vulnerabilidades y Territorios urbanos, celebrado del 24 al 26 de abril en la ciudad de Fortaleza y centrado en las dinámicas y abordajes integrales del microtráfico en las comunidades.

Fortaleza (Brasil)

Analizar el fenómeno del microtráfico en América Latina implica comprender qué impactos tiene y qué papel juega en las comunidades y territorios donde se da. Pero, ¿qué entendemos por microtráfico? Érika Rodríguez Pinzón, consultora del programa COPOLAD, expone que el microtráfico de drogas ilícitas se refiere a la venta y distribución en pequeñas cantidades, generalmente en lugares públicos o residencias privadas. Sin embargo, puntualiza que “el microtráfico como concepto encierra múltiples particularidades y esconde realidades sociales diversas, pero caracterizadas en general por su correlación con situaciones de vulnerabilidad”.

Y es que no se puede separar el microtráfico de la vulnerabilidad y el acceso a políticas públicas. Ana Cristina Braga es lideresa comunitaria del barrio Morro do Ouro, en Fortaleza. Cuenta que el territorio fue poblado por personas expulsadas de otros lugares de la ciudad que querían ser urbanizados y pavimentados, principalmente para el turismo, así que fueron arrojadas al lado más periférico y menos turístico. “Nos convertimos en miembros invisibles de la sociedad, en un lado de la ciudad donde hay mucha violencia, prostitución y tráfico de drogas”. La lideresa expone que la falta de acceso a servicios públicos es una de las razones que hace que los territorios sean más vulnerabilizados y, por lo tanto, que el microtráfico crezca. Además, las pocas ocasiones en las que aparece el Estado lo hace para reprimir, sin entender las dinámicas de la propia comunidad. “No hay prevención de drogas con represión”.

Para Nathalia Oliveira, directora ejecutiva de la Iniciativa Negra por una Nueva Política de Drogas, en los contextos de microtráfico la violencia no solo ocurre por parte de las facciones criminales que actúan en el narcotráfico, sino también por la prohibición de la circulación de ciertas sustancias, generando así un alto nivel de violencia estatal. Una violencia que ejercen tanto las fuerzas policiales como otras instituciones estatales, al no garantizar el acceso a servicios públicos como la sanidad o la educación. “Un ejercicio para que repensemos el tema de drogas en estos territorios es hacerlo desde la prevención comunitaria en la infancia, la reducción de riesgos en el consumo y la disminución de la violencia, creando una cultura de paz a través de medidas de salud comunitaria”. Para ser efectivos en los territorios de conflicto, Oliveira, que también es integrante de la Secretaría ejecutiva de la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas, destaca la importancia de contar con mecanismos de mediación de conflictos. “La ausencia de cualquier tipo de mecanismo o red para promover una cultura de paz en el territorio va a dar lugar a grupos con poder paralelo”.

Todo ello, con una situación de vulnerabilidad agravada por la pandemia de la Covid-19, debido a la disminución de la actividad económica y el aumento del desempleo. Como apunta Rodríguez Pinzón, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el microtráfico en América Latina y el Caribe aumentó un 34%. Además, la consultora resalta en el documento de referencia para el debate, que el microtráfico ha sido uno de los fenómenos que ha provocado el encarcelamiento de mujeres, jóvenes e inmigrantes.

“Muchas mujeres cabezas de hogar en América Latina y el Caribe están privadas de su libertad por actividades no violentas vinculadas al microtráfico”, manifiesta Luana Malheiro, cofundadora de la Red Latinoamericana y Caribeña de Personas que Usan Drogas (LANPUD) y de la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas (RENFA). Ella tiene claro que la primera medida para tener en cuenta a las poblaciones vulnerabilizadas, en materia de drogas, es la despenalización y la abolición de las cárceles. Malheiro también pone sobre la mesa el componente de racismo existente a la hora de encarcelar a mujeres. “Existe una feminización y racialización de la pobreza. Las mujeres negras son cada vez más pobres y no tienen acceso al mercado formal, y dentro de las comunidades el microtráfico ofrece oportunidades para que mantengan solas a sus hijos”. Por esta razón, resalta la necesidad de hablar también en términos de interseccionalidad. “Necesitamos que la Agenda 2030 se comprometa más en la lucha contra el racismo, porque es un aspecto central de la política de drogas. ¿Quiénes son las mujeres que están en la calle, en la cárcel y las que son asesinadas por cuestiones de drogas? Diremos que es una coincidencia que casi todas sean negras”.

Porque de poco o nada sirve el encarcelamiento de estas mujeres para desmantelar los mercados ilegales de drogas y mejorar la seguridad pública, como apunta la guía Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Sino al contrario, ya que se reduce la posibilidad de que encuentren un empleo digno y legal cuando salgan, lo que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, la vinculación a mercados de drogas y el encarcelamiento.

“Cuando una mujer es encarcelada por microtráfico, ¿cuál es el impacto que esto tiene en la vida, no solo de esta mujer, sino de su red familiar o social?”, se pregunta Nara Araujo, directora de Prevención y Reinserción Social de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. El impacto en las mujeres en cuanto a las políticas penitenciarias va, desde una violencia que se hace visible en el diseño de las prisiones, hasta en cómo tener en cuenta las vivencias de las maternidades dentro de ellas. Pero también fuera, donde además tienen la responsabilidad de los cuidados. De hecho, la guía anteriormente mencionada describe como el encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades: “En ausencia de redes de protección social fuertes, las personas dependientes quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad. Incluso, el encarcelamiento de las mujeres puede, paradójicamente, aumentar la probabilidad de que las personas a su cargo consuman drogas o se vinculen a las redes ilegales de tráfico. Todo esto incrementa la demanda de protección social que, en general, suele ser desatendida”.

Hacia una política de drogas más humana

Con el objetivo de avanzar hacia una agenda de drogas más humana, eficaz e integral, Valeria Vilaseca, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia ante la Unión Europea, manifiesta que hay que repensar el contexto político y las relaciones patriarcales, jerárquicas y verticales hacia relaciones que sean más justas, solidarias y horizontales. “En los diferentes países de Latinoamérica se han implantado diferentes políticas de drogas específicas y concretas, pero en la mayoría de los países no es un secreto que el intervencionismo de Estados Unidos o el Norte Global han afectado en ellas. Esto ha provocado la criminalización hacia los cultivadores, así como torturas y estigmatización a comunidades que no tenían acceso a salud o educación debido, precisamente, a esta criminalización”. Para Vilaseca, las políticas de drogas tienen que ir acompañadas de otras políticas sociales como la educación, la salud universal o la creación de bolsas de trabajo; todo ello contextualizándolo a cada realidad y teniendo en cuenta el tejido socioeconómico y cultural.

Porque la contextualización es un elemento fundamental a la hora de entrar a un territorio, instaurar un tipo de política y comenzar con la reducción de daños, procesos que para Oliveira no pueden hacerse sin establecer una confianza dentro de la comunidad. “Se debe analizar el contexto para encontrar soluciones basadas en las propias realidades. Y en este trabajo hay que incluir, no solo los servicios públicos, sino también las iniciativas comunitarias y de la sociedad civil”. De la misma manera Maristela Baioni, representante del PNUD Brasil, ve importante la participación de la sociedad civil y reconoce la falta de trabajo colaborativo. Un trabajo donde hay que tener en cuenta la historia de la comunidad y de las personas que la conforman, y ser conscientes que los proyectos son los que deben adaptarse a cada contexto.

Por ello, es indispensable que las propuestas de territorialización de las políticas sobre drogas se articulen con las redes de servicios sociales y sanitarios. “Está muy bien pensar que las instituciones van a llegar solas, pero el despliegue con la sociedad civil y de base comunitaria es una manera fantástica de llegar al territorio. Es esencial tener una mirada integral para garantizar derechos y poder conectar el esfuerzo institucional y de la sociedad civil. Y en esto, América Latina es el mejor exportador del mundo, en como los modelos de base comunitaria pueden ser la solución en lugares donde es más difícil incidir como institución”, afirma Javier Sagrero, director de COPOLAD.

Porque entender la importancia de trabajar en el territorio es esencial. Así como adecuar las políticas sobre drogas para que tengan en cuenta a las personas en los territorios, comprendiendo que su efectividad está relacionada con el cumplimiento de unos derechos básicos. Las políticas sobre drogas deben tener un abordaje integral, con más aspectos sociales y menos de justicia y seguridad. De lo contrario, estas políticas estarían en contra de los propósitos del Buen Vivir y de la Justicia Social, como resalta Oliveira. “¿En qué momento vamos a dejar de invertir en esta guerra contra las drogas que acentúa la vulnerabilidad en los territorios, para hacerlo en todo lo que se está diciendo aquí? Las personas somos vulnerables por la pobreza, el racismo, el machismo y también por el consumo de drogas. Si hubiera más dinero para invertir en desarrollo humano y menos en cómo acabar con la vida de los seres humanos, tal vez dialogaríamos desde otro nivel y con la posibilidad de construir otras opciones”.

*COPOLAD III es un programa de cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas. Un consorcio formado por la FIIAPP e IILA, financiado y apoyado por la Unión Europea.

Abierta la pre-inscripción, gratuita y necesaria, en el  MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ADICTIVAS.