Microtráfico y narcomenudeo

El tráfico de drogas en pequeñas cantidades representa hoy uno de los más importantes retos en materia de políticas públicas para Colombia. Esto por tres razones fundamentales.

Fuente: Isabel Gutiérrez y Santiago Tobón. www.elespectador.com

Primero, por el lado de la demanda, el consumo no deja de representar una situación de salud pública compleja. Segundo, el proceso de tráfico está asociado al crimen organizado. Sobre este punto es relevante destacar un aspecto semántico. La Policía Nacional en Colombia diferencia los procesos de microtráfico y narcomenudeo así: el microtráfico se constituye en el abastecimiento de cantidades relativamente importantes de drogas ilícitas a las estructuras organizadas en las ciudades; el narcomenudeo se refiere al suministro en puntos de venta. El crimen organizado participa en ambas etapas, involucrándose en unas ocasiones como mayorista y en otras controlando los jíbaros que venden al detal. Tercero, tanto el consumo como el microtráfico y el narcomenudeo, tienen una influencia importante sobre la comisión de delitos como el homicidio y el hurto. En esta medida, hay una estrecha asociación entre el tráfico de drogas en pequeñas cantidades y problemáticas de seguridad ciudadana. Hoy queremos introducir un análisis sobre estos problemas a la luz de la demanda, y discutir alternativas sobre la forma de enfrentar la situación por parte del Estado. En el ejercicio haremos comparativos con el consumo de sustancias psicoactivas legales como el alcohol y el tabaco.

Las tres razones que hacen relevantes las problemáticas de microtráfico y narcomenudeo en Colombia se encuentran relacionadas entre sí. En particular, son los problemas de salud pública y la violencia asociada al consumo los que justifican la prohibición, y es la prohibición uno de los incentivos del involucramiento del crimen organizado y el uso de más violencia para proteger las rentas asociadas al control del mercado. Argumentamos en esta columna que si la política pública se expusiera a un juicio de hipocresía, habría dos alternativas: legalizaríamos todas las drogas o prohibiríamos el tráfico de alcohol y tabaco. En el ejercicio nos remitimos a las drogas de mayor consumo en Colombia.

En la práctica, el microtráfico y el narcomenudeo existen porque existe una demanda que el mercado ilegal pretende satisfacer. De esta demanda tiene información el país. Para 2013, el Observatorio de Drogas de Colombia, que opera en el Ministerio de Justicia, estimó en 440 mil el número de personas con niveles de abuso o dependencia en el consumo de marihuana. Para cocaína esta cifra fue de 99 mil personas y para éxtasis de 44 mil. Para la heroína se estimó el número mínimo de consumidores en alrededor de 3.600. Son estos consumidores, los problemas de salud pública que representan, y la violencia asociada a su consumo, los argumentos que justifican la intervención del Estado en la lucha contra el tráfico de drogas en pequeñas cantidades. En contraste, el número de consumidores de tabaco se estimó en 3 millones, y el número de consumidores de alcohol en niveles de riesgo o perjudiciales en 2,6 millones.

Con estas cifras de consumo, es preciso analizar también los daños asociados al uso de cada sustancia, tanto para quien la consume como para otras personas, pues son estas las justificaciones centrales de la guerra contra el microtráfico y el narcomenudeo (y si se quiere, contra las drogas en general). Para esto nos remitimos a un trabajo publicado en 2010 en la prestigiosa revista científica inglesa The Lancet. El artículo en mención contenía las conclusiones del Comité Científico Independiente sobre las Drogas, y fue financiado por el Centro de Estudios en Crimen y Justicia del Reino Unido. Cabe destacar que la seriedad, tanto de la revista como del grupo de científicos que hicieron parte del estudio, está fuera de discusión. Este estudio estableció una medida, entre 0 y 100, del daño total causado por el uso de cada sustancia psicoactiva. Este daño se dividió en: i) daño contra los usuarios, que incluía daños físico (como la mortalidad por el uso), psicológico (como la dependencia) y social (como la pérdida de relaciones); y ii) daño contra otros, que analizaba el daño físico y psicológico (como las lesiones), y el daño social (como el crimen y las afectaciones ambientales).

Los resultados del estudio fueron los siguientes. La sustancia psicoactiva que mayor daño total genera es el alcohol, con un puntaje de 72. Le siguen la heroína con 55, la cocaína con 27, el tabaco con 26, la marihuana con 20 y el éxtasis con 9 puntos. Por su parte, la sustancia psicoactiva que mayor daño contra los usuarios genera es la heroína, con un puntaje de 34. Seguida del alcohol con 26, la cocaína con 20, el tabaco con 17, la marihuana con 12, y el éxtasis con 8 puntos. Finalmente, la sustancia psicoactiva que mayor daño contra otros genera es el alcohol con 46 puntos, seguida de la heroína con 21, el tabaco con 9, la marihuana con 8, la cocaína con 7 y el éxtasis con 1 punto.

La discusión sobre legalizar alguna de las sustancias psicoactivas hoy prohibidas está marcado por posiciones ideológicas. En esta medida, para simplificar nuestro argumento nos concentramos en la que socialmente ha tenido menor grado de rechazo: la marihuana. Pensemos en los argumentos para no legalizar. Primero, es un problema de salud pública. Sí, pero como se observa en la evaluación, tanto el daño para el usuario como para otras personas es mayor en el caso del alcohol: 26 contra 12 en el daño personal, y 46 contra 8 en el daño a otras personas. Esto incluye los problemas específicos de salud pública como la mortalidad específica por el consumo o la mortalidad asociada al consumo. También considera aspectos como las afectaciones a la comunidad, el costo económico y el crimen relacionado con el consumo. En esta medida, si el alcohol es legal, no existe ningún argumento racional, lejos de la ideología, para utilizar la salud pública como la razón para prohibir.

Segundo, pensemos en la violencia asociada a la presencia de grupos criminales y los problemas de seguridad ciudadana que derivan del mercado de las drogas ilícitas. Con base en algunos cálculos iniciales del Ministerio de Justicia y del Derecho, es posible estimar el tamaño del mercado del tráfico de bajas cantidades de marihuana en el país, así: si el número de consumidores con abuso o dependencia es de 440 mil, y cada una de estas consumiera en promedio 1.425 gramos al año, con un precio pagado por los consumidores de $266 por gramo, el valor aproximado del mercado de bajas cantidades de marihuana en Colombia es de al menos $167 mil millones. Esta renta se encuentra monopolizada por el crimen organizado, y bandas y combos que participan de la distribución al detal. Una forma inmediata de eliminar esta renta, contingente en el control del contrabando que seguramente seguiría existiendo como ocurre con el alcohol, sería legalizar. Ahora, si gran parte de los problemas de seguridad ciudadana e involucramiento del crimen organizado se encuentra asociado a estas rentas, creemos que el argumento de los problemas de violencia también se caen por su propio peso, y en el neto, sería preferible la legalización.

En definitiva, consideramos que es posible contener los problemas de microtráfico y narcomenudeo con medidas menos represivas. Muy seguramente la legalización va a mover la curva de demanda y habrá más personas consumiendo. Para esto, consideramos que la política debe enfocarse en la prevención, pero deben considerarse formas más agresivas de promoverlo. Una idea, no tan descabellada, sería incorporar una cátedra obligatoria en materia de prevención de uso de tabaco, drogas y alcohol en los colegios. No las charlas anuales poco informativas a que nos tienen acostumbrados, o los comerciales de radio con personalidades colombianas. Se trata de darle la misma relevancia a los problemas de consumo, que le damos a la necesidad de que los niños aprendan matemáticas o español. Esto, creemos, podría generar mejores resultados, y ofrecería además la posibilidad de hacer evaluaciones de impacto para mejorar los programas y sus contenidos. Tal vez haya unos ya en curso, podría ser adecuado darles mayor publicidad y presentarlos al público. Imaginen por un instante, que la cantidad de recursos que se orientan a la lucha contra el tráfico de pequeñas cantidades de drogas, se estuviera invirtiendo en programas serios, probados, de prevención. Tal vez tendríamos otro país. Es importante que los tomadores de decisiones, no solo de las entidades de nivel nacional, sino también alcaldes y gobernadores, se tomen en serio el asunto de la prevención del consumo de drogas, tal vez sea más eficiente dedicar esfuerzos en esta materia que en la persecución criminal.